Bruselas ataca al 'milagro español': la adn amenaza con desestabilizar la fibra óptica
Un movimiento sin precedentes en el sector de las telecomunicaciones español amenaza con alterar el modelo de despliegue de banda ancha que ha catapultado al país a la vanguardia europea. La nueva Ley de Redes Digitales (ADN) de Bruselas, lejos de impulsar la competencia, podría encadenar a los operadores alternativos a Telefónica y, en última instancia, subir el precio de tu factura mensual.
El frente común contra el monopolio
Doce gigantes del mercado – incluyendo Masorange, Vodafone, Digi y especialistas como Adamo y Avatel – han unido fuerzas en una carta dirigida a la Comisión Europea. Denuncian que la ley, tal como está redactada, representa una seria amenaza para la competencia y la viabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas que han construido sus redes sobre la infraestructura de Telefónica.
El Expansión revela que este frente común, que incluye a mayoristas de fibra y asociaciones como Acutelan y Aotec, exige garantías de que Telefónica no pueda, a su antojo, aumentar los costes de acceso a sus conductos subterráneos, arquetas y postes – la columna vertebral de la fibra óptica en España.
La paradoja es evidente: España es a menudo citada como un modelo de éxito en el despliegue de banda ancha ultra rápida, gracias a una regulación equilibrada que permitió a los operadores alternativos utilizar los tubos y postes ya instalados por Telefónica a precios regulados por la CNMC bajo la normativa MARCo. Sin embargo, este equilibrio se está resquebrajando.
Anualmente, estos operadores pagan 70 millones de euros por este alquiler. Cualquier incremento en estas tarifas se traduce inmediatamente en un aumento de los costes operativos para Vodafone y Digi, mientras que Telefónica se beneficia de un ingreso directo, sin necesidad de invertir un solo euro. La realidad es que, según los firmantes de la carta, estas infraestructuras constituyen un ‘monopolio natural’, un recurso esencial e irreplicable que no es viable, ni económicamente ni urbanísticamente, que cada operador cave sus propios túneles bajo las calles de Madrid o Barcelona.
La CNMC, en su intento de liberalizar el mercado, estudia sustituir la estricta normativa MARCo por ‘compromisos voluntarios’ de Telefónica. Un cambio en las condiciones económicas de acceso podría conducir a un proceso de remonopolización, donde la compañía de Carmen Mateos acabe ‘reabsorbiendo activos y clientes’ de sus rivales, incapaces de sostener los costes de mantenimiento.
La preocupación es palpable, especialmente tras la reciente subida del 11% en los costes mensuales y del 14,6% en los de instalación, aprobada por la CNMC en el verano de 2025, justificándola por el aumento de los costes laborales. Lo que realmente alarma a los operadores alternativos no es solo esta subida puntual, sino la intención del regulador de liberalizar completamente el mercado, desmantelando la base de la competencia.
Telefónica, sin embargo, no se queda de brazos cruzados. La compañía ha advertido que los operadores rivales deberán pagar hasta cinco años de alquiler si utilizan sus conductos y postes sin permiso. Además, ha anunciado que la fibra óptica quedará totalmente liberada por decisión de la CNMC, lo que podría desencadenar una nueva ola de subidas de precios. La situación, en definitiva, es tensa y exige una respuesta urgente por parte de la Comisión Europea.
La cifra que marca el pulso es el coste anual de alquiler: 70 millones de euros. Un número que, según los expertos, podría desencadenar una crisis en el sector y, a la larga, afectar al bolsillo de cada consumidor español.